Genoveva Caballero

Severas contradicciones en el gobierno del Estado de México entre el manejo de la imagen de Enrique Peña Nieto y los datos duros de las dependencias a su cargo. Más allá de la idílica escenografía mediática se encubren múltiples casos de impunidad en la seguridad pública, (crecimiento del crimen, delitos de género, abusos de menores, incumplimiento de recomendaciones de la CNDH), a lo largo y ancho de la entidad son apenas un vistazo de la realidad en el Estado de México.

PGJEM: la industria del secuestro

La aprehensión del último de los secuestradores de Hugo Wallace Miranda, más por la intervención de su madre Isabel Miranda de Wallace, que por la eficiencia policiaca de la entidad, no deja sino al descubierto un modus operandi de los órganos de Seguridad Pública y de Justicia del gobierno de Peña Nieto.

Un ejemplo es la total oscuridad con que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), a cargo de Alfredo Castillo Cervantes maneja el caso de la muerte del policía ministerial Juventino Rodríguez Soni (quien en vida estuvo adscrito a la delegación Nezahualcóyotl-La Bola), que cayó baleado el 27de octubre en la línea fronteriza entre los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, en la estación del metro Río de los Remedios

Agentes ministeriales de la PGJEM adscritos a Unidad Administrativa Zona Norte- La Bola, cuyo nombre no quisieron revelar, explicaron a Acento Veintiuno que el día de los hechos el agente Juventino Rodríguez Soni “El Sony” fue de apoyo con los familiares a dejar el rescate por un familiar de la señora Lucía Rodríguez Ávalos, de 67 años que cayó también herida en la trifulca.

El caso involucra a Alfonso Hernández López, coordinador del área Norte de Juicios Orales y al comandante Roberto Ayala Ortiz (conocido como “El madrina”), ex policía de la desaparecida Judicial Federal, en donde lo involucraban en el hurto de cocaína. En esta acción, estos personajes han encubierto el homicidio del policía ministerial Juventino Rodríguez Soni, quien al decir de sus ex compañeros, fue baleado por la espalda por elementos del grupo antisecuestros del procurador Castillo Cervantes (quienes en realidad eran los secuestradores e iban a cobrar el rescate) y ahí se toparon con el oficial muerto que iba en apoyo de las víctimas. La versión off the record es que Juventino Rodríguez  estaba de guardia en La Bola y ahí llegaron apresuradamente los familiares de un secuestrado pidiéndole apoyo para sorprender a los plagiarios que los esperaban en la estación del metro Río de los Remedios.

Varios policías acudieron, no sólo Juventino Rodríguez Soni, pero al llegar se encontraron con quienes resultaron ser policías ministeriales del grupo antisecuestros, quienes al ser reconocidos por Rodríguez Soni y sus compañeros comenzaron a dispararles. Al ser mayor el número de los policías antisecuestros que esperaban a los familiares del secuestrado, Juventino Rodríguez y sus compañeros trataron de evadirse porque sabían que al haberlos reconocido, su destino era la muerte. Al momento, los policías que quedaron en el lugar dijeron que al policía lo habían matado “los secuestradores” y que se habían dado a la fuga.

Más tarde a los medios locales les dijeron que el policía muerto era el secuestrador. Así que Alfonso Hernández López y Roberto Ayala Ortiz, dieron por cerrado el asunto, cuadrándolo para que el finado Rodríguez Soni fuera el culpable de los delitos y etiquetándolo como secuestrador; más tarde desapareció el expediente por órdenes expresas del procurador mexiquense Alfredo Castillo y de las acciones realizadas ese día no existe boletín de prensa, ni número de averiguación previa que haya sido dado a conocer por comunicación social de la procuraduría mexiquense, aunque si hay otros del mismo día por otros hechos. Las investigaciones y los expedientes están resguardados con celo porque son una muestra de cómo opera la policía mexiquense.

El titular de comunicación social de la PGJEM, Alfredo Raymundo Albiter Sánchez no tiene ni la menor idea de qué sucedió y dijo ignorar todo al respecto, porque no llegó la información de Neza.

Estadísticas de la misma PGJEM muestran que han sucedido 400 ejecuciones vinculadas con el narcotráfico, entre ellos se han encontrado policías, jefes de grupo, comandantes y hasta ministerios públicos. De todos estos asesinatos, de acuerdo con cifras y datos de la misma dependencia de Alfredo Castillo Cervantes, sólo el 5% han sido resueltas.

El 29 de noviembre en el Centro de Justicia de San Agustín, en Ecatepec, se halló un taxi abandonado en cuyo interior había dos cuerpos maniatados con los ojos vendados. Los cuerpos mostraban claras huellas de haber sido torturados. Hasta el momento los homicidios se cree fueron causados por integrantes de La familia michoacana”, cuya presencia se ha declarado fuertemente en la entidad.

Este hallazgo se relaciona con la muerte del policía Juventino Rodríguez Soni, pues los testigos oculares de su muerte son los policías ministeriales que presenciaron la balacera en que fue muerto en el descanso del acceso poniente del metro Río de los Remedios, y de la que tuvieron salir huyendo, pues los cuerpos que se hallaron en el taxi traían un mensaje anotado en unas cartulinas: “Esto es para los que tienen puesta la camiseta. Sigues tú Ricardo Ramírez Ibarra, “Chartey”, Humberto Moreno Castillo, David Antolín, “El Bigotes”, Alberto Guzmán Díaz y todos los de La Bola”

La mayoría de los mencionados son comandantes y policías ministeriales de y algunos son los testigos de la muerte de Juventino Rodríguez Soni. Los cuerpos fueron identificados como “madrinas” o informantes que colaboraban con la policía ministerial del Estado de México de la zona Ecatepec-Nezahualcóyotl.

Días más tarde, el 2 de diciembre fue asesinado Erick Gerardo Battlia Martínez, con al menos al menos 15 tiros, era policía ministerial adscrito a la subdirección de Robo con Violencia de la PGJEM: Vivía en el barrio de Tepito, en la calle de Hortelanos y esa noche tres individuos le dispararon a quemarropa, cuando salía de su casa acompañado de su esposa. Battlia Martínez tenía su oficina en el La Bola y también presuntamente estaba amenazado por “La familia michoacana”, pero su muerte no está exenta de la desaparición de los testigos en la balacera de Río de los Remedios, que pondría en claro el negocio del secuestro de la PGJEM.

Narcocorrupción

La batahola de ejecuciones ligadas al narco se confunde con la limpia de testigos que implican a mandos policiacos del Estado de México ligados a las redes del  secuestro y narcotráfico. Recientemente en la entidad se han detenido a lugartenientes que han asentado ahí su residencia como Edgar Valdez Villarreal (a) “La Barbie”, Gerardo Álvarez, (a) “El Indio” y Carlos Montemayor (a) “El Charro, suegro de Valdez Villarreal

Apenas días antes, el 27 de noviembre, el ex director general de la policía ministerial Luis Manuel Becerril Mina fue aprehendido en Puerto Vallarta, señalado como presunto protector de n a Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, como se sabe, del cártel de los Beltrán Leyva.

La PGR dio a conocer que Becerril Mina fue detenido gracias a la una orden de aprehensión librada por el Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, Luis Núñez Sandoval según la causa penal 350/2010. Actualmente se encuentra recluido en el penal de “El Salto”, en esa entidad.

La historia de Becerril Mina puede reconocerse desde que en mayo de 2008 fue director general de la Policía Ministerial del Estado de México, durante el encargo del ex procurador Alberto Bazbaz. Luis Manuel Becerril Mina ocupó esa posición durante 8 meses y fue integrado a la PGJEM gracias a su conexión con Luis Cárdenas Palomino, primo del actual procurador Alfredo Castillo Cervantes.

Fue en su época cuando sucedió  la masacre de 24 personas en La Marquesa, el 12 de septiembre de 2008, y es a raíz de la investigación de este acontecimiento, que su nombre aparece en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/302/2008  de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

“Claudia”, testigo colaborador, implicó a Becerril con “La Barbi” y también quien era  delegado de la PGR en el Estado de México, José Manzur Ocaña, prófugo a la fecha. “Claudia” declaró a la PGR que había conocido personalmente a Becerril y que “La Barbie” le pagaba a través de Rafael Ramírez Jaimes, delegado de Aprehensiones de la Procuraduría mexiquense en Nezahualcóyotl.

Las pesquisas de la SIEDO implican a Ramírez Jaimes como cómplice de Antonio Ramírez Cervantes y Raúl Villa Ortega (a) “El R”, acusados del homicidio de los 24 jardineros y albañiles en La Marquesa, pero nuevamente, antes de ser aprehendido, Ramírez Jaimes fue ejecutado el 20 de agosto de 2008 al salir de su domicilio ubicado en Nezahualcóyotl.

Becerril llegó a la Judicial Federal en 1996, y en el sexenio pasado, al suplirse por la Agencia Federal de Investigación, dirigió ahí el despacho de Intervención y de Apoyo Logístico de la Dirección de Operaciones Especiales, con Francisco Javier Garza Palacios.

Llegó a jefe Regional de la AFI en Guanajuato en 2007, y de agosto de ese año a abril de 2008 fue comisario director general adjunto de la Coordinación de Seguridad Regional, cargo inmediato al coordinador Édgar Millán, quien fue ejecutado el 8 de mayo en la colonia Guerrero, supuestamente por orden de Sergio Villarreal “El Grande”. Entonces Becerril Mina llegó a la PGJEM

Apenas en mayo, tras su paso por la Policía mexiquense, Becerril fue nombrado jefe de la Policía de Bahía de Banderas, Nayarit, por recomendación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, según se dijo en su momento. Estos son los elementos que se descubren en la cloaca de la PGJEM.

Crímenes impunes contra mujeres

Apenas el 7 de este mes apareció en Toluca el cuerpo sin vida de Karla Jazmín Rueda Servín, de 23 años y 1.58 de estatura. Desapareció el viernes 19 de noviembre de 2010, lo único que se sabía de ella, es que salió de su casa ubicada en Venustiano Carranza No. 2302, Col. Morelos, en Toluca. Acudía al  CELE de Ciudad Universitaria en  el horario de 9 de la mañana y en ocasiones trabajaba para Radio Mexiquense. En la red social Facebook su hermana difundió su desaparición solicitando ayuda para localizarla. Karla Jazmín  fue hallada finalmente por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en un paraje de Tenancingo. Esta muerte se suma a las más de 900 mujeres muertas en el Estado de México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado de México ocurre el 23% de los homicidios dolosos contra las mujeres registradas en el país. En 100 de los 125 municipios mexiquenses, la cifra de asesinatos dolosos supera la media nacional. En Naucalpan, por ejemplo, el promedio de feminicidios es de 7.3 por cada 100 mil habitantes, superior al registro de Ciudad Juárez de 4.8.

Ya desde el pasado 8 de octubre, ante las integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de diputados, el Procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, confesó que  de los 597 asesinatos dolosos contra mujeres en la entidad en más de la mitad no se conocía al responsable.  El Procurador ni siquiera tiene actualizada la cifra que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios y CIMAC (Comunicación e Información para la Mujer, A.C.) cuyos números elevan a 923 el número de muertas dolosamente en el Estado de México de 2005 a la fecha.

Castillo Cervantes, empero, reconoció parcialmente la ineficacia de su dependencia, pues  sólo admitió que únicamente 18 averiguaciones sobre asesinatos de mujeres han sido cerradas y 113 iniciadas, mientras que el año pasado sólo dijo que se emitieron apenas 12 sentencias condenatorias. Para exculpar la pobreza del desempeño y el descuido estatal en el tema, se justificó diciendo que varios de los cuerpos de mujeres hallados en la entidad sólo fueron “tirados” ahí. De las investigaciones frenadas, obstaculizadas y soslayadas, no dijo nada.

A su vez, CIMAC y otras organizaciones sociales han venido denunciado que los feminicidios permanecen impunes en la entidad mexiquense, porque las autoridades ministeriales obstaculizan las investigaciones al integrar de manera deficiente los expedientes y con la ‘perdida’ de evidencias, como sucedió con el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada en febrero de 2004 por su marido y su cuñado, además de que a pesar de haber denunciado anticipadamente violencia intrafamiliar (VNR/III/1501/2003, 18 de mayo de 2003, secuestrada por su marido) y de que sus menores hijos fueron testigos presenciales del crimen, su caso se manejo con múltiples irregularidades, pues desde que empezaron las pesquisas se  manejo negligentemente lo que obstruyó la valoración de tres magistrados de una sala penal en el Estado de México, ahora sus asesinos están libres, el cuñado “por falta de méritos” y Bernardo, el marido, sigue prófugo. La madre de la joven, Antonia, sólo dice: “Ahora estoy más enojada con las autoridades que con los asesinos de mi hija”

Por lo anterior, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. junto con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. denunciaron nuevamente al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Violación y abuso de menores

En el Estado de México, tierra de impunidad gobernada por Peña Nieto, lo común es encontrarse con información que denota la falsedad de la imagen prístina de la entidad.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha enviado recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, como el caso del extravío durante más de tres años de una averiguación previa, que ocasionó que un caso de violación de menores quedara impune. La Defensoría de Habitantes estableció las faltas de pericia, responsabilidad y ética profesional, tanto de la agente como de la secretaria del Ministerio Público adscritas a la agencia Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual en Ecatepec.

Tal como quedó establecido en la queja CODHEM/NEZA/EM/043/2009, la ciudadana afectada denunció el delito de violación en agravio de sus menores hijas, iniciándose la averiguación previa EM/DIF/655/2006, la cual no fue integrada y determinada conforme a derecho. La madre del menor explicó ante la Codhem, haberse presentado varias veces  ante el Ministerio Público, cuya titular no le daba ningún tipo de información.

Por eso, la Codhem en su Recomendación 01/2010, que las servidoras públicas obstaculizaron la procuración de justicia en perjuicio de las menores agraviadas desde el inicio de la averiguación previa y no realizaron sus funciones de manera adecuada, pues  al “extraviarse” el acta EM/DIF/655/2006, se imposibilitó el derecho a la procuración de justicia y a la seguridad jurídica de las menores. También se vulneró el principio que asienta que la justicia debe ser pronta y expedita, pues no fue sino hasta que la madre inició la queja ante la Codhem, cuando el personal de la PGJEM notó de que el acta de averiguación previa estaba perdida  y trató de enmendar su error reponiendo de las actuaciones en agosto de 2009,  tres años después de denunciados los hechos y sólo porque  la afectada promovió este proceso.

Hay evidencias que demuestran con claridad los errores de las servidoras públicas María Julieta Santiagos Martínez y Elsie Vanelli Sánchez Escalante, agente y secretario, respectivamente, de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar y Sexual de Ecatepec de Morelos, desde los hechos en 2006; así como Norma Pliego Domínguez, agente adscrita al primer turno de dicha agencia, de noviembre de 2006 a la fecha.

Asuntos como éste proliferan en el Estado de México, desde 2007 hasta hoy, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ha emitido 21 recomendaciones tanto a la PGJEM como   la Secretaría de Educación del Estado de México debido a los diferentes casos de negligencia respecto a las denuncias y las averiguaciones previas realizadas debido en casos de acoso, abuso y violencia sexual infantil en contra de menores de dieciocho años de edad residentes en el Estado de México

La calidad de los servicios periciales, jurídicos y administrativos que la Procuraduría de “Justicia” del Estado de México ha sido nula para atender a las víctimas de abuso sexual infantil, ni la manera en que las demás instituciones encargadas de salvaguardar la integridad física, moral y emocional de los niños han respondido a las recomendaciones de la Codhem.

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 (RECUADRO NÚM. 1)

Impunidad sobre impunidad: Recomendaciones No atendidas.

(Se anexa la url del documento de cada recomendación)

En 2007

Acoso y violencia sexual cometido por parte de Blas Sánchez, orientador de la escuela Secundaria Oficial No. 20 ‘Niños Héroes’, ubicada en el municipio de Los Reyes la Paz, Estado de México, http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/13_07.pdf.

Abuso sexual de Israel Vicente García, conserje del kínder ‘Telpochcalli’, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/38_07.pdf.

Respecto al caso de abuso sexual cometido por parte de Israel Vicente García, conserje del kínder ‘Telpochcalli’, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/39_07.pdf.

En 2008

Abuso sexual cometido por parte de Jaime Marcos Ibáñez Pérez, profesor de Español, en una secundaria en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/12_08.pdf.

Violación y abuso sexual. Caso de de Martina Guzmán García, titular de la agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual en Texcoco, María Concepción Espinosa Gallegos, secretaria ministerial, y Frida Magdalena Cervantes Reyes, médico legista, adscritos a esa agencia del Ministerio Público; Raúl Gómez Romero y Pedro Soto Tagle, agentes de la policía ministerial adscritos al grupo dos de investigaciones de la Subprocuraduría Regional de Justicia en Texcoco, Estado de México, en relación al caso de violación y abuso sexual de una menor de edad habitante de dicho municipio: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/16_08.pdf.

Acoso sexual de Oscar Villegas García, profesor de la escuela primaria Profesor Eduardo Mendieta, en San Martín Cuautlalpan, municipio de Chalco, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/21_08.pdf.

Acoso sexual cometido por parte de Benjamín Flores Jiménez, profesor de carpintería de la escuela Secundaria técnica número 11, José Antonio de Alzate, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/22_08.pdf

Acoso sexual cometido por parte de Miguel Ángel Sánchez de la Vega, profesor de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial número 119,Enrique C. Rébsamen, en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/30_08.pdf.

Violación y abuso sexual cometido por parte de Carlos Salazar Torres, profesor de una escuela primaria cuyo nombre no se revela ubicada en la colonia de San Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultitlán, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/33_08.pdf.

Violación y abuso sexual cometido por parte de Carlos Salazar Torres, profesor de una escuela primaria cuyo nombre no se revela ubicada en la colonia de San Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, referente  al caso de negligencia cometida por parte de María Cristina Guerrero Ramírez, agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/34_08.pdf.

Violación y abuso sexual cometido por parte de Carlos Salazar Torres, profesor de una escuela primaria cuyo nombre no se revela ubicada en la colonia de San Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, por el caso de negligencia cometida por Miguel Matías Martínez, notificador adscrito al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en relación al caso de: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/35_08.pdf.

2009

Acoso y hostigamiento sexual cometido por parte de Ángel Carmona García, profesor de educación artística adscrito a una escuela primaria cuyo nombre no se revela ubicada en el municipio de Toluca, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2009/0509.pdf.

Violación y abuso sexual cometido en agravio de una de las alumnas de  la Escuela Primaria ‘Filiberto Gómez’, ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, referente a la negligencia cometida por María de Jesús Alejandrina Velázquez Villalón, directora, en relación a la http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2009/1109.pdf.

Respecto al caso de negligencia cometida por las profesoras Silvia Martínez Oliva y Juliana Cornejo Amador, directora y docente respectivamente, de una escuela primaria no especificada ubicada en un municipio del Estado de México cuyo nombre no se revela, en relación al caso de abuso sexual cometido por Efrén Romero Hidalgo, conserje de dicho plantel, en agravio de una de las alumnas de dicha escuela:
http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2009/1409.pdf

Violación y abuso sexual en contra de una menor habitante de Texcoco, por negligencia cometida por José Agustín Loaiza Meneses y Ernesto Méndez Prado, agente y secretario del Ministerio Público, respectivamente, adscritos al Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, así como la negligencia cometida por los elementos de la policía ministerial Heriberto Dolores Martínez Galván y Edgar Israel Álvarez Pérez: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2009/1809.pdf.

Acoso emocional y sexual cometido por Justino Esteban Cerón Cruz, profesor de la escuela primaria Libertadores de América, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2009/2009.pdf.

Acoso sexual cometido por Félix Venancio Olivares, profesor de una escuela primaria cuyo nombre no se revela ubicada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2009/2409.pdf.

Acoso sexual cometido por parte de Agatón Saldívar Sánchez, profesor de una escuela cuyo nombre no se revela ubicada en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2009/2509.pdf.

Acoso y abuso sexual cometido por parte de Andrés Valdez Hernández, profesor una escuela primaria cuyo nombre no se revela ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2009/3609.pdf.

Abuso sexual por parte de Miguel Crescencio Colín Martínez y José Luis Arizmendi Martínez, profesores de una escuela primaria cuyo nombre no se revela ubicada en el municipio de Huehuetoca, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2009/3709.pdf.

Acoso y abuso sexual cometido por parte de José Luis Aguilar Correa, profesor de la escuela Secundaria Técnica número 4 ‘Presidente Ruiz Cortines’, ubicada en el municipio Tlalnepantla de Baz, Estado de México: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/pdf/2009/4509.pdf.

(Fin de recuadro núm. 1)

C. Lic. Francisco Sergio Lira Carreón.

Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal.

Señor Juez:

Los sueños se materializan gracias a las buenas acciones, por lo que espero que el año que va a iniciar esté colmado de salud, éxito y grandes momentos para todos los servidores públicos del juzgado a su cargo, así como para sus seres queridos.

Tengo la seguridad de que el próximo año será mucho mejor que el transcurre para todos ustedes, ya que en éste el Gobernador de Puebla Mario Plutarco Marín Torres, entorpeció sus funciones porque no comprendió que la noble tarea de impartir justicia no debe ser utilizada para violentar el derecho a informar y estar informados, así como a expresar opiniones en torno a un servidor público.

En efecto, a través de los medios de comunicación nos hemos enterado en Puebla que nuestro Gobernador ha promovido un juicio en contra de los integrantes del Consejo Editorial del Periódico de Circulación Nacional Acentoveintiuno y según lo que he leído, está reclamando la reparación del daño moral, atribuyendo a los demandados una violación a sus derechos de personalidad, a su vida privada, honor e imagen.

De antemano, como poblana, le ofrezco una disculpa por el tiempo que va a perder en ese asunto, créame, durante casi seis años, hemos pretendido que comprenda que no es el mundo entero quien afecta sus derechos, sino que son los hechos propios y de uno que otro de sus colaboradores los que lo han destruido.

Me queda claro que con la presentación de la demanda de mérito, el Señor Gobernador cree que utilizando al Poder Judicial del Distrito Federal y a través de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, de esa entidad federativa, va a “limpiar” su imagen y a dar “coscorrones jurídicos” a quienes se atrevan a hablar con la verdad, como en el caso del periódico Acentoveintiuno.

Lo que el Señor Gobernador no sabe es que de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los diversos sexto y séptimo de nuestra Carta Magna, todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

El Señor Gobernador no sabe, que el artículo 19 de la ley de responsabilidad civil mencionada en líneas anteriores, establece que la reproducción de la imagen de una persona, está justificada por su notoriedad  y por la función pública que desempeña o cuando se realiza en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público.

El Señor Gobernador no sabe que de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del mismo ordenamiento legal, el derecho a la propia imagen de quienes desempeñan un cargo público, no impide su captación, reproducción o publicación por cualquier medio ni la utilización de su “caricatura”, de acuerdo con el uso social.

El Señor Gobernador no sabe que los derechos de la personalidad componen el patrimonio moral de las personas, que el honor es personal y que si bien de conformidad con el artículo 24 de la ley de la materia, el daño se reputará moral cuando el hecho ilícito menoscabe el afecto de su titular por otras personas, su estimación por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida privada, así como el honor, el decoro, el prestigio, la buena reputación y la imagen de la persona misma; empero, en el asunto de que se trata y según lo establecido en el artículo 25 de la propia ley, no se considerará que se causa daño a dicho patrimonio cuando se emitan opiniones, ideas o juicios de valor sobre cualquier persona, siempre y cuando no se utilicen expresiones insultantes por sí mismas.

El Señor Gobernador no sabe que en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley de la materia, se restringe el grado de protección a los derechos de personalidad de los servidores públicos, respecto a los opiniones e informaciones difundidas a través de los medios de comunicación, ya que es a ellos a quienes corresponde demostrar la falsedad de la información vertida, que no fue corroborada su veracidad y que se hizo con el único propósito de causar un daño, lo que no sucede en la especie.

El Señor Gobernador no sabe que no fueron los medios de comunicación quienes han dado a conocer su vida, sino que en todo caso, él es quien la ha hecho totalmente pública, a través de innumerables grabaciones en “situaciones íntimas” e inclusive “delictivas”, pues se presume que son las personas que intervienen en una conversación las que pueden reproducirla y divulgarla por sí o a través de otros, por lo que produce los efectos del artículo 11 de la ley que se analiza.

El Señor Gobernador siempre exige pruebas de las opiniones vertidas, según él “en su contra” por innumerables comunicadores, lo que no sabe es que en términos del artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y demás relativos y aplicables en las entidades federativas, cuando los hechos son notorios no necesitan ser probados y que en este caso, por ser un servidor público, es a él a quien corresponde la carga probatoria, de acuerdo con el principio de Malicia Efectiva, previsto en la ley que invoca.

El Señor Gobernador no sabe que cuando se informa sobre el manejo de los recursos en una Administración Pública Estatal, como en el asunto de que se trata, no se está invadiendo la vida privada, sino que tales datos son de interés público, por tanto, están sujetos al escrutinio de los medios de comunicación y de los ciudadanos, y proporcionan elementos claves que tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera que se enriquezca la convivencia y participación democrática, de conformidad con los artículos 33 y 34 de la ley referida.

El Señor Gobernador no sabe que de acuerdo con el artículo 36 de la Ley aplicable, para que se produzca el daño al patrimonio moral se requiere que exista afectación en la persona, de los bienes tutelados en la ley con motivo de un acto ilícito, lo que no sucede cuando ni existe en la causa acto ilícito alguno ni el patrimonio moral que pretende proteger, ya que fue el propio mandatario quien lo destruyó, que es él quien ha decidido mantener la imagen que proyecta a los demás y en la consideración que tiene sobre sí, y que pareciera que no tiene interés en su prestigio y buen concepto ante los demás, o de lo contrario, está siendo mal asesorado, probablemente por sus amigos Kamel Nacif, Succar Kuri, Casitas, Juanito Naked, Hubert o el narcoalcalde Rubén Gil.

Señor Juez, entiendo el malestar que debe causarles la demanda presentada por nuestro Señor Gobernador, probablemente sueña con controlar el Poder Judicial de otras entidades, como sucede en Puebla, que entre otras cosas, impuso como Magistrado al abogado que lo defendió en el Lydia-Gate, Ricardo Velázquez, o que da instrucciones directas a los jueces locales y a sus empleados de Gabinete, como lo hizo con Rosa Celia Pérez  y con Blanca Laura Villeda, entre muchos otros más; cree que con tal de salir bien librado de “sus problemas” puede manchar el nombre de cualquier juzgador federal como lo hizo con Doña Olga y Doña Margarita, así como con los otros Ministros de la Suprema Corte: Ortiz, Azuela, Aguirre y Walls.

El Señor Gobernador no sabe que en el Distrito Federal sí existen disposiciones sobre todo en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia que encauzan debidamente los actos de los juzgadores y su personal y que existe un Consejo de la Judicatura y una Contraloría que vigilan su actuación.

Sin más por el momento y en espera de que el próximo año los promotores sean aquéllos que realmente han sufrido una afectación a sus derechos, me despido haciendo votos porque todas las resoluciones del asunto de que se trata (intermedias y definitiva) se ajusten a derecho.

Violeta del Pilar Lagunes Viveros

PD1.- Si requiere de mayores elementos para conocer sobre la “fama pública” del Señor Gobernador de Puebla, es muy fácil, solo necesita agregar su nombre a cualquier buscador de internet, seguido de las palabras: “pederasta”, “ratero”, “nepotismo”, “fraude”, “delito”, “tráfico de influencias” y cualquier otro calificativo que se le pueda ocurrir e inmediatamente van a salir no una, sino miles de publicaciones, no sólo de los medios de comunicación sino de la comunidad internacional.

PD2.- Si en la substanciación del procedimiento se percata de la comisión de algún ilícito por parte del Señor Gobernador, no dude en denunciarlo, los poblanos se lo vamos a agradecer.

PD3.- Por los regalos navideños que seguramente va a recibir el Señor Gobernador no se preocupe, le gusta que le envíen a Casa Aguayo “hermosas botellas de Cogñac”. ^

violeta.lagunes@gmail.com

Por: Genoveva Caballero

Enviada/ Edicion Impresa

*Nadie quiere al Precioso, a través de las redes sociales en internet, los chavos rompen el cerco mediático estatal que protege al gobernador o cierra los ojos ante sus múltiples fechorías y las de funcionarios de su gabinete. 

Puebla, Mexico.- Al gober precioso lo repudian los jóvenes poblanos y han emprendido una embestida en contra suya tomando como trinchera las redes sociales, donde manifiestan su enojo por las fechorías cometidas por Mario Marín y sus cómplices.

Un ejemplo mínimo de esta reacción de los poblanos son los cientos de mensajes que han enviado al Facebook de Acentoveintiuno, algunos de ellos dados a conocer en nuestro “Acento ciudadano, buzón del lector”, a partir de la edición anterior de este periódico.

La chaviza dice que sólo así rompe el cerco que la prensa local mantiene como protección o complicidad con Marín, quien minimiza o descalifica cualquier postura crítica y etiqueta todo intento de organización social como campaña electorera o desviación partidista y tendenciosa.

Los jóvenes poblanos utilizan todo tipo de lenguaje. Los hay desde los muy propios y de lenguaje “normal”, pero seguros en su exigencia de que se respeten las leyes en la entidad y se castigue a los funcionarios públicos que hayan cometido o cometan delitos o abusos en contra de la ciudadanía.

Otros son más radicales y con términos comunes al caló juvenil actual piden juicio político y cárcel para Mario Marín y exmiembros de su gabinete o en funciones.

Acentoveintiuno contactó a varios de ellos, a fin de hacer extensiva su protesta y que más poblanos se enteren de la ola crítica que el Precioso ha construido en su contra.

¿EN QUÉ GASTÓ?

Misraim Hernández Fernández tiene 25 años, es hijo de un hombre de la clase trabajadora y estudia Ciencia Política en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. El sitio web que creó junto con otros amigos se llama “Contingentepue”, que se unió a “Contingentemx”, dedicado a apoyar causas de derechos humanos.

Misraim, como la mayor parte de los jóvenes citadinos (el 71% de la población poblana es urbana, según el INEGI), navega por las redes sociales de internet. Conoce sus lenguajes, los mecanismos y los trucos del mundo virtual, indescifrables para muchos adultos.

Fue en las redes donde conoció a otros jóvenes poblanos y, aparte de las inquietudes propias de su edad, el interés que lo unió a una incalculable cantidad de otros chavos afines, dice, fue el hartazgo contra Mario Marín.

Cuenta: “Sabemos qué fue lo que pasó, pues en los ‘comments’ de Facebook, o los ‘tuits’ de Twitter, aparecían esporádicamente ‘trend-topics’ sobre temas de impunidad, la corrupción o la rendición cuentas en Puebla. Así, personas que por otra vía nunca hubiéramos entrado en contacto, lo hicimos y dejamos de estar en la pura queja para hacer algo contra lo que era evidente: corrupción, impunidad, negociazos y ostentación de funcionarios del gobierno de Puebla”.

“Nos hartamos, eso pasó”, sostiene, por su parte, Guillermo Morales Sotomayor, de 37 años, abogado por la Universidad de Las Américas, especializado en Derecho Electoral, co-fundador de “Puebla Vigila”, un sitio en la web con 823 amigos en Facebook que surgió como un grupo interesado en observar que en las elecciones pasadas no hubiera acarreo de votantes, urnas “embarazadas” o que se cometieran delitos electorales bajo el amparo del aparato gubernamental poblano y que ha devenido en una asociación que exige que se vuelva común que los funcionarios estatales y municipales respeten las leyes de transparencia y no cometan abusos de poder.

Así como Misraim y Guillermo, jóvenes profesionistas que acumulan cientos de amigos y seguidores en las redes y que formaron grupos o redes entre internautas para manifestarse contra las irregularidades en el gobierno de Mario Marín, otros jóvenes, de otros niveles socioeconómicos, considerados casi marginales, también manifiestan su fastidio por ver la ofensiva ostentación de los funcionarios del gobierno marinista.

JUNIORS MARINISTAS

Un ejemplo que subrayan es el del hijo de Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, joven de 25 años de nombre Adam, a quien le critican tripular un automóvil de importación, marca Maserati, cuyo costo rebasa el medio millón de dólares.

Jonathan Sánchez, de 19 años, estudiante de preparatoria en el COBAEP, y cuyo ingreso familiar no rebasa los 10 mil pesos mensuales, afirma:

“Es francamente ilógico que los funcionarios exijan a todos que cumplan con una serie de trámites y a ellos nadie les pueda reclamar nada, ni sus conductas prepotentes, ni la exhibición de la riqueza que tienen, mientras que la mayor parte de la gente se queda callada, o por conveniencia, o por miedo. Yo no le tengo miedo a exigirle a Mario Marín que pague todo lo que debe. Al ver en Facebook que había una campaña para que se le haga una revisión sobre en qué gastó, cómo lo gastó y cuánto tiene él como patrimonio personal, me sumé a la protesta.”

Agrega molesto: “¿Por qué no lo hace? Es como si mi papá me dijera que no fume y él fumara. En las redes hasta mentadas de madre le dejamos, porque ya estamos cansados de que nos vean la cara”, dice airado el joven Sánchez.

Y sugiere: “Ha de querer que hagamos una manifestación como la que hicieron los universitarios en mayo de 2007, porque subió (el precio) el transporte y todos los jóvenes salieron a la calle a manifestarse… Bueno, pues si eso quiere…”

DE LO VIRTUAL A LO REAL

Guillermo Morales sostiene: “Somos totalmente apartidistas como peticionarios o movimiento conjunto que pide fin a la impunidad, aunque cada uno de nosotros tengamos o no simpatía o afiliación a uno o más partidos políticos. Pero eso no importa, ni nos extraña que con eso quieran descalificar el gran descontento que existe en Puebla.”

Si saliéramos a la calle, advierte, “como hemos estado ‘tuiteando’ o comentando en Facebook, pues yo creo que sería una manifestación de proporciones homéricas, pero creemos que no es necesario, basta y sobra con exigir y documentar una petición que está basada en las leyes bajo las cuales

los gobernantes, y en nuestro caso específico Mario Marín, dice o aparenta regirse”.

Conectados, estos jóvenes más tarde hicieron contacto personal para unirse a los adultos en su petición de reformar la Constitución estatal para que se incluyan en ella las figuras legales en las que la sociedad civil se apoye para participar activamente en la administración pública de la entidad: referéndum, plebiscito y revocación de mandato.

“El objetivo es que si bien no vamos a ir tras una serie interminable de gobernantes que no han dejado muy claro su mandato, sí podemos sentar el precedente de que la sociedad poblana y, sobre todo, nosotros, los jóvenes, no estamos dispuestos a que se prosiga con esa tendencia autoritaria de no reconocer que la ciudadanía es la mandante y el Ejecutivo el mandatario”, dice Ángeles Navarro Rueda, abogada egresada de la Universidad de las Américas y promotora de “Puebla Vigila”.

También responsable de la campaña on-line para recaudar firmas que le exijan al presidente Calderón que se audite al gobierno de Marín, y que en sólo tres días recaudó medio millar de adherentes, Ángeles Navarro advierte: “Estamos en una democracia y así lo entendemos. No tenemos miedo”.

Por su parte, José Antonio Ávila López, originario de la capital poblana, de 19 años, chef y esteticista, sin adhesión a ninguna causa, pero firmante de la petición de Ángeles Navarro y “facebookero” con más de mil contactos, señala valiente:

“Precisamente, porque somos jóvenes, queremos romper con la inercia de que en Puebla se puede robar o burlarse de la ley y no pasa nada. Por lo menos, por lo que a nosotros corresponda, no lo vamos a permitir: ya estamos hartos”.

No sólo en la red han roto el silencio los jóvenes. También se han conocido en persona y acuden a las convocatorias de otras organizaciones que promueven la participación ciudadana para que –como afirma el empresario Gerardo Navarro, de http://www.integradoradeparticipacionciudadana.org–, acudan a charlas sobre temas como la democracia, la transparencia y la participación electoral.

“En la medida que los jóvenes se hacen más conscientes y más participativos, heredamos una ciudadanía más responsable, más comunicada y con más herramientas para ayudar a que los gobiernos le sirvan a la sociedad y no se sirvan de ella, además de que se encauzan las inquietudes y utilizan los cauces que las mismas leyes proveen para tomar decisiones. Sí hay una efervescencia entre los jóvenes”, dice el empresario.

El propio gobierno poblano, a través del Instituto Poblano de la Juventud, apenas en agosto pasado publicó que en Puebla existen más de 160 mil chavos que ni estudian ni trabajan y solamente el 40 por ciento de los jóvenes del estado acceden a la educación media y superior en instituciones públicas.

ÁRBOL QUE NACE TORCIDO…

El gobierno de Marín se descompuso al poco tiempo de iniciar. Muy pronto, los indicadores de desarrollo humano cayeron y los más afectados fueron los indígenas (cercana a los 700 mil), a quienes les prometió atención y lo que recibieron fue abandono.

Sólo el 35 por ciento de la población tiene derecho a los servicios públicos de salud, existen más de un millón de hectáreas de tierras improductivas y hay casos irresueltos de atentados contra los derechos humanos, como el caso de Lydia Cacho –archivado desde 2006– y la represión de Azumiatla, en abril de 2009.

En su administración se sumaron 66 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No se crearon los 52 mil empleos que el crecimiento demográfico de Puebla requiere. No creció nada el sector exportador, apenas el 4% de las empresas poblanas vende al extranjero.

Más aún, la deuda pública rebasa los 10 mil millones de pesos, triplicando la cifra con que Marín recibió la administración estatal, que fue de 3 mil millones de pesos.

Los entrevistados por Acentoveintiuno coinciden en que si el gober precioso cree que la población joven de Puebla es manipulable o se deja engañar, “pues que se dé cuenta que estamos despertando y vamos a actuar”.

Si le das click, podrás firmar apoyando la petición de que se audite la gestión del gobernador Mario Marín Torres y se aclaren las imputaciones, falsas o no, ahí se verá, de que fue uno de los gobiernos en los que más se robo de manera descarada. Quizá sean sólo señalamientos, pero con la auditoría todo quedará clarísimo. Es algo que se debería hacer sin necesidad de que los ciudadanos les digan lo que tienen que hacer. La ley los obliga.

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